El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), expresan su profunda preocupación ante el escenario generalizado de violaciones a derechos humanos en todo el país

El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), expresan su profunda preocupación ante el escenario generalizado de violaciones a derechos humanos en todo el país
junio 16, 2020 consejomecanismo

Ciudad de México, a 16 de junio de 2020.- Desde el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), expresamos nuestra profunda preocupación ante el escenario generalizado de violaciones a derechos humanos en todo el país y hacemos un llamado urgente a las autoridades de los distintos niveles y órganos de gobierno no sólo a reconocer la problemática, sino también a implementar acciones coordinadas, directas y efectivas para su atención.

Si bien es cierto, en los últimos años en México se han aprobado reformas y leyes que significan avances notorios en materia de derechos humanos, su implementación no avanza al paso deseado y enfrenta serios retos. Se requiere de esfuerzos coordinados para que estas normas se traduzcan en programas, políticas públicas, asignaciones presupuestales y estrategias gubernamentales que permitan tener un impacto real en las distintas problemáticas que existen en el país, realidad que difícilmente se puede advertir en un contexto como el nuestro.

La magnitud de la crisis pone de manifiesto la existencia de un problema eminentemente estructural que permea los diseños institucionales y refleja, en muchos casos, la falta de interés por parte de sus operadores para hacer frente a esta problemática que lacera a la sociedad en general. Reconocemos que México enfrenta retos considerables en relación al Estado de derecho: la desigualdad, ya sea económica o a razón de alguno o varios componentes de la identidad de las personas y grupos sociales históricamente discriminados; la falta de perspectiva de interdependencia de los derechos la falta de armonización del marco legislativo en la materia, sobre todo en relación al sistema de justicia penal y la insuficiencia e ineficacia de los mecanismos existentes para garantizar los derechos de las víctimas, son apenas algunos de los desafíos para lograr la observancia y el respeto a los derechos humanos.

En el contexto actual se enfrenta, además, una emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que ha significado destinar una importante cantidad de recursos públicos para hacerle frente. Reconocemos la difícil situación que atraviesa el país, pero hacemos un llamado a priorizar otra serie de problemáticas en materia de derechos humanos que también requieren de urgente atención. En primer lugar, es importante vigilar que la emergencia sanitaria no se convierta en una justificación para desplegar acciones represivas o narrativas que justifican violaciones a derechos humanos o que minimizan su gravedad y que incluso criminalizan la labor de personas y organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos.

En esta línea, resulta fundamental que todas las estrategias gubernamentales dirigidas a contener la pandemia por COVID19, se ciñan a un marco estricto de respeto y garantía de los derechos humanos y que existan mensajes claros y acciones coordinadas en todos los niveles de gobierno para evitar este tipo de episodios e investigar los sucedidos.

Además, que más allá de la emergencia sanitaria, se requiere redoblar esfuerzos en distintos ámbitos pues diversos hechos recientes nos muestran un deterioro en la situación de los derechos humanos en el país. Nos referimos, por ejemplo, a los hechos sucedidos recientemente en Guadalajara, Jalisco, en los que se reportó una serie de actuaciones policiacas contrarias a estándares internacionales sobre uso de la fuerza y prevención de la desaparición forzada de personas y de la tortura en el marco de las jornadas de protesta por la muerte de Giovanni López mientras estaba en custodia de agentes municipales. A estos se suman los hasta ahora seis asesinatos registrados de personas defensoras del cuidado y preservación del medio ambiente en Oaxaca, la ola de agresiones a periodistas y quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en todo el país que ha cobrado la vida de al menos siete personas en el primer semestre del 2020, el incremento de violencia en contra de las mujeres desde todos los ámbitos, los abusos a personas migrantes y población indígena y la creciente desatención a víctimas.

Estos son solo ejemplo de esta realidad que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, cumpla a cabalidad su obligación de asegurar la investigación y el procesamiento efectivo e imparcial de todas las denuncias que sean realizadas en el ámbito de sus competencias y de buscar mecanismos tendientes a prevenir estas violaciones a derechos humanos.

A propósito de esto, consideramos oportuno hacer alusión también a las recientes disposiciones con que se pretenden hacer recortes y modificaciones al manejo presupuestal de las organizaciones e instancias encargadas de dar atención a distintas problemáticas en materia de derechos humanos o protección a grupos determinados, es motivo adicional de preocupación, pues no solo se ha efectuado de manera poco transparente y clara, sino que puede agravar la situación de los derechos humanos en el país,

En México la crisis de derechos humanos existe y persiste. Es un fenómeno que puede analizarse bajo una lógica multifactorial, pero que ineludiblemente se traduce en el incumplimiento y deterioro del fin último de la misión gubernamental: el sostenimiento de la seguridad pública, la convivencia pacífica y el respeto a la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas. La importancia de la debida actuación y colaboración entre los poderes públicos es apremiante para dar respuesta y afrontar un escenario que parece ser cada vez más desalentador.

Desde los distintos espacios de sociedad civil y participación ciudadana que firmamos este documento, en cumplimiento con la labor de observancia y fiscalización que se nos ha encomendado, reiteramos nuestro apoyo a víctimas, familiares, personas y organizaciones de defensa de derechos humanos, e instamos todos los órdenes y niveles de gobierno a poner en marcha acciones efectivas para evitar que continúen en aumento las violaciones a derechos humanos, la criminalización de la protesta y de las personas defensoras de derechos humanos, y a trabajar de manera coordinada para que la emergencia sanitaria que atraviesa el país, no agrave la emergencia que ya se tenía en materia de protección a los derechos humanos e impunidad.

 

Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) integrada por: Carlos Alberto Cruz Santiago, Irma Leticia Hidalgo Rea, José Pablo Girault Ruiz, Juan Manuel Estrada Jiménez, Laura Adriana Bautista Hernández, Liz Ivett Sánchez Reina, Luis Enrique González Araiza y Norma Librada Ledezma Ortega.

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) integrado por: Consuelo Gloria Morales Elizondo, Edna Dolores Rosas Huerta, Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany Fernández Morán, Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Margarita Michelle Quevedo Orozco, Mercedes Celina Doretti, Mirna Nereida Medina Quiñonez, Santiago Corcuera Cabezut y Volga de Pina Ravest.

Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas integrado por: Alberto Xicoténcatl Carrasco, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Atziri Ávila López, Elsa Leonor Ángeles Vera, Lucía Lagunes Huerta, Maurilio Santiago Reyes y Stefan Markus Zimmer.

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